Análisis No. 7

Carla Arcia-Venegas

Junio de 2012

• La reforma constitucional de 1991 configuró una nueva concepción de Constitución en Colombia, entendiéndola como una herramienta para promover cambios sociales, defender los derechos humanos y replantear las relaciones entre los poderes públicos del Estado. Con el advenimiento de diferentes reformas se dio lugar a una expansión del gasto estatal en justicia y a una leve recuperación de los indicadores de rendimiento. A la par de estos cambios, tanto en la organización del Estado como en la administración de justicia, surgieron diversas producciones documentales que trataban de dar explicación a la coyuntura y presentar soluciones que permearan la situación de crisis judicial.

• El balance de la literatura disponible sobre las reformas a la justicia en Colombia en los últimos 20 años debe entenderse como una exploración documental, con la pretensión fundamental de servir como guía en posteriores investigaciones sobre el tema. En la mayoría de documentos (de carácter cualitativo y cuantitativo con enfoque sociojurídico) la preocupación está más encaminada a la eficiencia y productividad de los despachos más que a la justicia como un problema de política pública. La justicia se entiende, entonces, como un problema que atañe casi que exclusivamente al área del derecho y en el que no se involucran otras especialidades para reconocer los logros y falencias de la Rama Judicial.

• Lo anterior no debe entenderse como un problema del sector justicia. En cambio, debe comprenderse como un distanciamiento de las diferentes ramas del conocimiento al estudio institucional y administrativo de la organización del Estado colombiano en general. Por lo tanto, es indispensable una investigación comprehensiva, que recoja lo estudiado previamente, que incorpore una visión holística de la problemática y que avance a la comprensión de la misma como tema de relevancia en la formulación de políticas públicas.

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